Asume la representación y defensa del Estado, la de sus organismos autónomos y
determinadas entidades públicas e interviene en aquellos casos en que el Estado se ve
afectado por la comisión de un delito:

• Como acusador particular: Cuando el Estado resulta perjudicado en un proceso por
  delito común.
• Como defensor: Cuando un funcionario del Estado sea acusado por hechos cometidos
  en el ejercicio de su cargo, siempre que haya actuado conforme a la legalidad o
  cumpliendo órdenes de la autoridad competente.
• Como defensor: En aquellos supuestos en los que el Estado pueda ser condenado
  como responsable civil subsidiario.